Petroleras y la Prop. 23

La Opinion
Orson Aguilar

Lo están haciendo otra vez: De nuevo, los intereses especiales están tratando de arrebatar la iniciativa de ley en la boleta de California para enriquecerse a costa de nuestras comunidades.

Dos grandes compañías petroleras están gastando grandes cantidades de dinero para matar la creciente economía verde de California y los cientos de empleos que esta economía ha creado. Prepárense para las mentiras que se esparcirán rápido y recuerden quién está detrás de ellas.

Las palabras “Petróleo texano’” deberían darnos escalofríos a los californianos. Todos hemos presenciado las aterradoras imágenes provenientes de la costa del Golfo – las aves muertas, las playas manchadas de petróleo, y los miles de negocios en el ámbito de la comida marina que han sido eliminados.

Y ahora las grandes compañías de petróleo (Valero Energy y Tesoro Corporation de San Antonio) están diciendo que nos quieren proteger y salvar empleos en nuestras comunidades… Seguramente.

Podemos apostar que van a dirigir todo su falso discurso de “protejamos los empleos” hacia los latinos y africano-americanos, cuyas cifras de desempleo han estado corriendo tres o cuatro puntos porcentuales por encima de los caucásicos.

Pero la iniciativa de ley de las compañías petroleras texanas (la propuesta 23 en la boleta electoral de noviembre) no va a proteger los trabajos en nuestras comunidades; más bien los va a eliminar. Va a estrangular el sector económico de la energía renovable, que además representa en California el sector con mayor crecimiento, justo cuando este comienza a despegar.

La industria de la energía renovable está creciendo con mayor velocidad en California que en cualquier otro estado, gracias en parte a A.B. 32, La Ley para Solucionar el Calentamiento Global, que compromete a nuestro estado a moverse en una dirección hacia una economía más saludable y más limpia.

Para los negocios que quieren equipar hogares para ser eficientes en su uso de energía, producir paneles solares, o construir vehículos eléctricos, la ley ha otorgado certeza de que habrá un mercado creciente para sus productos y servicios. Y ellos, a su vez, han respondido creando más de 500,000 nuevos trabajos, según el Departamento Nacional de Desarrollo, incluyendo 93,000 en el sector de la manufactura y 68,000 en construcción.

Y A.B. 32 está escrita para asegurar que nuestras comunidades obtengan una buena fracción de estos empleos. Específicamente señala que las agencias estatales deben “dirigir la inversión directa pública y privada hacia las comunidades más en desventaja de California y proveer de oportunidades a los negocios pequeños, las escuelas, las asociaciones de vivienda accesible, y otras instituciones comunitarias, para así participar y beneficiarse de los esfuerzos estatales para reducir las emisiones de gases con efecto invernadero”.

Desde que la ley fue instituida, la inversión de tecnología limpia en California se ha disparado, y ahora excede la de todos los otros estados combinados. Una nueva economía que puede impulsar a nuestras comunidades está naciendo, aquí y ahora. Este es el único sector de nuestra economía que ha estado generando empleos constantemente durante la recesión.

Y a los gigantes petroleros tejanos y el resto de la industria de la energía sucia no les gusta esta idea. Escribieron la Proposición 23 para matar la legislación antes de que avance más. La iniciativa 23 alega solamente “suspender” nuestra ley de energía limpia, pero de hecho, hacen casi imposible que la ley surta efecto. Muchos de estos trabajos de energía limpia simplemente van a desaparecer.

Pero no es solamente acerca de los trabajos. Es también sobre nuestras vecindades, el aire que nuestros niños respiran, y el ambiente en el que todos vivimos.

Es bien sabido que en las vecindades de minorías existe el aire más contaminado, en parte por las instalaciones contaminantes como refinerías petroleras y plantas de producción de energía que están conglomeradas en estas áreas. Estos conglomerados aparecen en varias partes del estado, incluyendo el área de Wilmington —Carson área en el condado de Los Ángeles— señalado el año pasado por Communities for a Better Environment (Comunidades por un Mejor Medio Ambiente) como “un claro ejemplo de injusticia ambiental, donde una comunidad de color, en un espacio socioeconómicos bajo, es impactada desproporcionadamente por múltiples instalaciones contaminantes”.

Al estrangular los esfuerzos para separarnos del petróleo y otras fuentes de energía contaminantes, La Propuesta 23 garantiza que nuestros hijos continuarán respirando aire contaminado por décadas.

Entre hoy y noviembre, las grandes petroleras nos van a tratar de convencer de votar contra nuestras propias comunidades con falsas alegaciones de “protección a nuestros trabajos”, y gastarán millones de dólares para hacerlo. La manera real de proteger nuestros empleos —y nuestro aire, y nuestros niños— es diciendo un fuerte NO a las compañías petroleras de Texas y NO a la Proposición 23.